Además, expresó su convicción de que “la provincia de Tucumán debe ser intervenida” en caso de que el Supremo Tribunal de Justicia “no dicte otra medida”, favorable al escrutinio definitivo de los comicios celebrados el 23 de agosto, que dieron como ganador al oficialista Juan Manzur.
En este sentido, Caponio sostuvo que “hay un resultado legítimo e irreversible” de los comicios, producto de “un escrutinio convalidado por los fiscales de los partidos y por la Junta Electoral, que ha sido modificado en dos horas por dos irresponsables”.
De esta forma, el apoderado del FpV provincial hizo referencia a los dos miembros de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia -Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek- que ayer dispusieron la anulación de los comicios y ordenaron que se convoque a nuevas elecciones.
Caponio no sólo confirmó que el oficialismo busca recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que además actuará “con todo el peso de la ley contra estos dos integrantes” de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por entender que “no pueden estar al frente de un órgano del Poder Judicial dos personas tan irresponsables que dictan un fallo como éste sin una sola prueba concreta”.
Así lo aseguró en declaraciones formuladas esta mañana a radio América, en las que consideró “un golpe de Estado institucional” el fallo dictado ayer por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia de Tucumán, que anuló los comicios.
“Es una maniobra burda, un golpe de Estado de una institución del Poder Judicial en contra de los poderes políticos”, aseveró Caponio, quien definió a la situación que atraviesa la provincia como una “grave crisis institucional” fruto de “un fallo absurdo, de imposible cumplimiento, que manda a hacer una nueva elección en 30 días, cuando deberían asumir las nuevas autoridades”.
El apoderado afirmó que “el único órgano habilitado para declarar la validez o invalidez de una elección es la Junta Electoral, un órgano supra poder, conformado para las elecciones, que es el que está autorizado por ley y por Constitución”.
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